Aņo y medio de prision al alcalde
viernes, 24 de noviembre de 2006

manuel vilanovaEl Tribunal Supremo (TS) ha condenado al alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova (PP), a un año y medio de prisión y a ocho años de inhabilitación por un delito de prevaricación al consentir, 'de forma deliberada', la emisión ilegal de ruidos de una empresa, que generó numerosas quejas vecinales.

Según indica una sentencia hecha pública hoy, que además condena a dos años de prisión al gerente de le empresa Rocersa, Pedro Llop, por un delito medioambiental, el alcalde 'se situó al lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo que actuaba y vulneraba la legalidad que regula la emisión de ruidos'.

El Supremo 'desestima la opción de multa' al considerar que 'sería satisfecha incluso con cargo a las arcas municipales, agravando la situación de los vecinos', y considera que la citada pena es la que se ajusta 'a la gravedad de su conducta'. 

Manuel Vilanova ha anunciado que recurrirá la sentencia al Tribunal Constitucional. Pero para que el recurso sea admitido a trámite deberá demostrar que durante el proceso se han vulnerado sus derechos constitucionales. 


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Benlloch pide la dimisión de Vilanova

 

jose benllochEl portavoz del principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, José Benlloch explicó que desde su grupo no van a hacer valoraciones de una decisión judicial y aseguró que 'lo importante se plantea en el futuro de la ciudad. No queremos que el aire oscuro del PP de Carlos Fabra afecte a la ciudadanía'.

Por eso aseveró que 'exigimos que la decisión que tome el alcalde no sea otra que la dimisión' ya que 'su propio Código Etico de partido lo reclama'.

Asimismo afirmó que se debe aplicar ese Código del mismo modo que ha hecho Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular, quien 'hizo dimitir a los ediles de Telde por una imputación' por lo que en este caso 'deberían aplicarlo con más rigor ya que estamos ante una sentencia firme del Tribunal Supremo'.

Aunque mostró sus dudas al respecto a la aplicación del Código Etico ya que afirmó que 'el que tiene que aplicar el Código Etico es el presidente del PP en la provincia, Carlos Fabra, quien precisamente está también imputado por varios delitos'.


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